Periodista y escritor. Entre apocalípticos e integrados, lo mío es abordar el presente y el futuro del empleo con acento crítico y sin 'hype'.

Pese a las buenas perspectivas económicas y de creación de puestos de trabajo, el desempleo sigue sin romper la barrera de la referencia a 2008, el último ejercicio previo al estallido de la Gran Dimisión. El pasado mayo se contabilizaron 2,45 millones de parados registrados, todavía un 4,3% por encima de los del mismo mes de hace 17 años. Pero en ese tiempo han crecido mucho más los inscritos en los servicios públicos de empleo que no se consideran parte del desempleo. El pasado mes alcanzaron la cifra de 1,71 millones, un 73% más que antes de la crisis y un 29% desde 2022, cuando la reforma laboral apenas llevaba dos meses en vigor. Suman el 41,1% del total de demandantes de empleo, un umbral que hasta ahora solo se había superado por la pandemia.

Una de las principales polémicas sobre las estadísticas públicas del SEPE se centra en las personas apuntadas en los servicios públicos que se consideran ocupadas. En mayo se situaron en 1,14 millones. La mayoría, 669.209, son demandantes con relación laboral, grupo en el que se cuenta a los fijos discontinuos que se inscriben al pasar a la inactividad, una categoría que se ha disparado un 189,7% desde la reforma laboral y que fundamenta las sospechas sobre un 'maquillaje' del paro. Pero este debate obvia la situación de otras 468.004 personas, que sí serían ocupados y que se encomiendan a las oficinas públicas para buscar otro empleo que sustituya o que complemente al actual.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social anunciaba este martes que los beneficiarios de prestaciones por desempleo se sitúan en 1.515.513 en abril, lo que supone un espectacular descenso del 12,7% con respecto a hace un año. Pero esta cifra, que también reflejan el resto de las series estadísticas recogidas en la web del departamento que dirige Yolanda Díaz, no coincide con la que publica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el mismo mes, que resulta muy superior: 1.739.801, un 0,24% más que hace un año. La 'brecha' de 224.288 personas entre ambos datos revela un problema burocrático que se arrastra desde hace ya un año.

Las empresas de trabajo temporal no solo se han adaptado a las limitaciones impuestas por la reforma laboral a la contratación eventual, sino que parecen haber salido reforzadas. Hasta el punto de que el pasado mes de marzo registraron 342.953 contratos de puesta a disposición con 199.161 trabajadores cedidos, máximos de la serie histórica para ese mes. El 42,7% de estos contratos corresponden a fijos discontinuos. Aunque aún más sorprendente es que los afiliados a la Seguridad Social que trabajan para estas ETTs se han disparado un 30,9% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2024.

Cuando se habla de uso de algoritmos en la organización del trabajo, la mayoría de los analistas del mercado laboral piensa en los riders, los repartidores cuyo trabajo se organiza, dirige y evalúa de a través de plataformas y aplicaciones digitales. Pero esta visión se queda muy corta ante el auge que están teniendo este tipo de herramientas en todos los sectores. Según un reciente estudio de la OCDE, el 78% de las empresas de nuestro país ya utiliza al menos una de ellas.

Los datos parecen contundentes: en un país que anota 4,2 millones de demandas activas de empleo, de las que 2,5 millones corresponden a parados registrados, las oficinas de los servicios públicos de empleo solo lograron 186.329 colocaciones en todo 2024, un promedio de 15.600 al mes, gracias a las ofertas que presentan a sus parados. Teniendo en cuenta que el Gobierno central repartió hace un año 2.572 millones de euros a las comunidades para la gestión de las políticas activas de empleo, las cuentas parecen claras: se habrían gastado una media de 13.803 euros por cada una de estas contrataciones.

Aunque solo aporta un 5% de los asalariados, el contrato fijo discontinuo es uno de los protagonistas del debate sobre la reforma laboral, debido al protagonismo que le concedió la norma como alternativa a los desaparecidos temporales por obra y servicio, aunque para muchos expertos son igual de precarios o incluso más. Una discusión que sigue lejos de resolverse a tenor de los últimos datos de Seguridad Social, que muestran que estos trabajadores ganan un 48% menos y tienen un porcentaje de parcialidad del 49% (un 20% superior a la media). Por si esto fuera poco, sus condiciones penalizan más a las mujeres, que ganan un 21% menos que los hombres, la mayor brecha salarial de género del mercado laboral.

El número de ocupados con un empleo secundario alcanzó los 537.700 en el primer trimestre de 2025. Aunque es una cifra muy superior a los registros anteriores a la pandemia es la menor desde 2022 tras anotar un fuerte desplome del 9,1% en el último año. En el caso de los asalariados, que suponen ocho de cada diez pluriempleados, el retroceso es aún mayor y se eleva al 12,4%: el mayor de toda la serie histórica en ese periodo. Un comportamiento inédito en nuestro mercado laboral, que ve romperse una de sus 'reglas de oro', entre otras causas, por el impacto de la reforma laboral y las últimas subidas salariales.

El absentismo lleva muchos años entre las principales preocupaciones de las empresas españolas, aunque la cuestión se ha agravado en los últimos años, con un incremento exponencial de las ausencias, principalmente las ligadas a incapacidad temporal que, según muchos analistas limitaba la actividad de las empresas y la productividad, y con ello la recuperación efectiva del mercado laboral. Un análisis que veían avalada con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y los de Contabilidad Nacional. Sin embargo, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha rebajado esta alarma con un modelo que acuñó el anterior ministro José Luis Escrivá y que reduce a dos décimas este efecto. En este contexto la alerta lanzada por el supervisor sobre las bajas médicas no solo por el coste que suponen, sino por ser una de las causas de "tensionamiento" del mercado laboral, ha sorprendido por el giro en el análisis del nuevo gobernador, que no es otro que el propio Escrivá y ahora considera a estas ausencias uno de los grandes lastres para el empleo.