La interinidad presupuestaria en la que está sumida España desde el año pasado, para la que no hay un fin previsible en pleno 2025, no implica que las cuentas del sector público estén exentas de controles y límites. Muy al contrario, la regla de gasto –fijada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria– mantiene plena vigencia pese al caso omiso que hace de ella el Estado. En concreto, la Administración central incrementa su desembolso a un ritmo anual del 6,8%, frente al límite del 2,6% que establece la mencionada norma.