La interinidad presupuestaria en la que está sumida España desde el año pasado, para la que no hay un fin previsible en pleno 2025, no implica que las cuentas del sector público estén exentas de controles y límites. Muy al contrario, la regla de gasto –fijada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria– mantiene plena vigencia pese al caso omiso que hace de ella el Estado. En concreto, la Administración central incrementa su desembolso a un ritmo anual del 6,8%, frente al límite del 2,6% que establece la mencionada norma.

Desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado a principios de este año, todo debate sobre la reforma de la financiación autonómica está contaminado por la quita de deuda que Hacienda ofreció a los territorios en dicha reunión. No en vano, desde febrero, nada se ha avanzado en la reformulación de esa condonación –mucho menos en la reunión de ayer– y sigue levantando ampollas entre las Consejería de Hacienda por la desigualdad que provoca.

El retraso en los pagos de las Administraciones, el fenómeno conocido popularmente como las facturas ocultas en los cajones, resurge en España. El registro más exhaustivo y actualizado de estas obligaciones contraídas y no subsanadas –elaborado por la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Haciendamuestra cómo iniciaron el año 2024 con un montante acumulado de más de 6.000 millones de euros. Esa cifra implica un incremento del 45% con respecto al año 2019, cuando sumaban 4.237 millones de euros adeudados a empresas, pero también a ciudadanos en concepto de bonificaciones o actualización de prestaciones.

El grupo de trabajo creado por el Banco de España, para proponer cambios en la Ley de Autonomía del supervisor, está a punto de terminar su trabajo, en medio de la polémica creada por la reestructuración de su servicio de estudios y de otras partes de su organigrama. Y en ese informe de carácter no vinculante, cuya publicación se prevé en cuestión de semanas, los expertos reabrirán el debate sobre la necesidad de extender el límite temporal, seis años improrrogables, al que ahora está sujeto el cargo de gobernador de la institución.

El Banco de España revoluciona su estructura con un rediseño de diferentes direcciones generales y una profunda reorganización del departamento de Economía encabezado por Ángel Gavilán, que formuló su dimisión al día siguiente de presentar el informe anual de la institución relativo a 2024. La nueva dirección general que lideraba Gavilán pasa de cuatro divisiones a dos macroáreas, que saldrán reforzadas con 90 profesionales adicionales.

El 'choque de trenes' del director general de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán, con dos de sus homólogas en la cúpula del supervisor –Eva Valle y Mayte Ledo– es la causa última de la sorpresiva dimisión que el primero de ellos ha anunciado esta mañana, y que se hará efectiva el próximo día 12.

El plan del Ministerio de Trabajo para reducir por ley la jornada laboral a 37,5 horas semanales inicia, a partir de esta semana, un complejo periplo parlamentario, en el que solo existe una certeza. Si el propósito de la vicepresidenta Yolanda Díaz tuviera éxito, España, lejos de seguir la tendencia imperante en la Unión Europea, se convertiría en un caso extremo, de acuerdo con la comparativa que los datos de Eurostat y de EU Eurofound permiten establecer. No en vano contaría con el segundo límite legal más restrictivo al tiempo de trabajo de todo el club europeo, con excepción de las 35 horas imperantes en Francia desde principios de este siglo.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acumula en este ejercicio un incremento más, por encima del 4% interanual en el caso de 2025, que ha llevado a esta remuneración hasta los 16.576 euros brutos anuales, repartidos en catorce pagas. Como resultado el SMI ya supera el 70% del sueldo promedio en más de la mitad de las comunidades autónomas y no hay visos de que haya alcanzado su techo. No en vano Trabajo ha llegado a reconocer su pretensión de que incrementos de esta cuantía se automaticen ejercicio tras ejercicio, y no sea necesario esperar al debate entre el departamento que dirige Yolanda Díaz y los agentes sociales.

El argumento, muy difundido por el Gobierno, sobre la supuesta invulnerabilidad de nuestro país ante la ofensiva arancelaria de Trump, corre el riesgo de verse desmontado por los efectos indirectos que la guerra comercial tendrá en mercados clave para industrias españolas como la turística.